Urbanismo

La cédula de habitabilidad es el documento que expide el Consell que reconoce la aptitud de las viviendas, locales, edificios residenciales o de otras modalidades de edificación para que puedan ser habitados y/o ocupados. De acuerdo con la normativa vigente en la actualidad, la cédula de habitabilidad se convierte en obligatoria en los supuestos de venta y alquiler de inmuebles, así como en la compra de plazas a la Consejería de Turismo para estancias turísticas en viviendas. Además, es el documento imprescindible para poder contratar definitivamente los suministros de servicios con las empresas comercializadoras.

Los terrenos clasificados como urbanos cercanos al mar y que conforman la zona de protección no devienen del todo inedificables.

La Ley de Costas prevé la posibilidad de ejecutar en ellos una serie de obras, como pueden ser piscinas o terrazas, así como el montaje de instalaciones de temporada en establecimientos de restauración (mesas, sillas, sombrillas y otros elementos propios).

El Consell tiene la competencia para autorizar estas obras ya sea mediante una autorización o a través del régimen de declaración responsable en los supuestos establecidos en la Ley de Costas.

El planeamiento regula la ordenación urbanística de cada municipio, dentro del marco establecido en los instrumentos de ordenación territorial de alcance superior.

El planeamiento urbanístico municipal tiene diferentes tipologías y modalidades: planes generales, planes parciales, planes especiales ... A pesar de que la mayor parte del planeamiento la elabora y la impulsa el ayuntamiento correspondiente, normalmente existe un trámite de aprobación definitiva que corresponde los órganos del Consell de Mallorca, que tienen la función de evaluar la legalidad de la propuesta.

La declaración de interés general es un procedimiento mediante el cual se evalúa si la implantación de determinadas actividades distintas de las agrarias o del uso de vivienda se considera de implantación necesaria en suelo rústico.

Las personas particulares interesadas presentan un proyecto determinado ante el ayuntamiento del terreno en el que se pretende ubicar la edificación o la instalación y el ayuntamiento lo remite al Consell para que evalúe la concurrencia de los requisitos para declararlo de interés general.

La legislación urbanística prevé algunos tipos especiales de licencias urbanísticas, como las de obras y usos provisionales, en las que se determina que el Consell, a determinados municipios, les emitirá un informe en el procedimiento para verificar la provisionalidad efectiva del actuación que se proyecte y para asegurar que no se compromete la viabilidad del planeamiento urbanístico.

De manera similar, en los procedimientos de expropiación urbanística de los municipios de menor población, la normativa aplicable prevé la emisión de informes por parte del Consell de Mallorca sobre la corrección del procedimiento y las valoraciones.

Las entidades urbanísticas colaboradoras son las formadas por agrupaciones de personas propietarias de terrenos con el fin de co laborar con la Administración pública correspondiente, en la mayoría de los casos, los ayuntamientos, en los procesos de transformación y gestión urbanística o bien en la conservación de urbanizaciones. Para que adquieran personalidad jurídica, la normativa urbanística exige que se inscriban en un registro público insular, en el que se anotan tanto la constitución como las modificaciones que se produzcan hasta la disolución.